Acceso A La Información Pública: Origen, Beneficios Sociales, Divulgación

El acceso a la información pública y la libertad de información (FOI, por sus siglas en inglés) se refiere al derecho de acceso a la información en manos de entidades públicas, también conocido como “derecho a saber”. El acceso a la información pública se considera de importancia fundamental para el funcionamiento eficaz de los sistemas democráticos, ya que mejora la rendición de cuentas de los gobiernos y los funcionarios públicos, fomenta la participación de la población y permite su participación informada en la vida pública.

acceso a la información

 

La premisa fundamental del derecho de acceso a la información pública es que la información en poder de las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y sólo puede ser ocultada sobre la base de razones legítimas que deben ser detalladas en la ley. Se basa en el principio de que, en un sistema democrático, las personas deben estar en condiciones de acceder a una amplia gama de información a fin de participar efectivamente en la vida pública, así como en los asuntos que les afectan.

Origen

El derecho de acceso es un componente del derecho fundamental a la libertad de expresión enunciado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión abarca la libertad de “buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”. Están reconocidos como derechos humanos en los tres principales sistemas regionales de derechos humanos, es decir, en las Américas, Europa y África, así como en los principales instrumentos internacionales.

El derecho de acceder a la información impone dos obligaciones a las entidades públicas. En primer lugar, el deber proactivo de hacer pública información clave sobre las actividades de las autoridades y los gobiernos; en segundo lugar, la obligación reactiva de responder a las solicitudes de información de las personas, ya sea mediante la publicación de documentos originales o copias de los documentos que obran en su poder.

En los últimos 10 años, el derecho a la información y el acceso a la información pública han sido reconocidos en un número cada vez mayor de países y varias leyes de FOI han sido adoptadas en todo el mundo, incluso en los países en desarrollo. Si en 1990 sólo 13 países tenían una ley nacional de libertad de información, hoy existen 100 leyes de este tipo en todo el mundo.

En 2015, la Conferencia General de la UNESCO votó a favor de designar el 28 de septiembre como “Día Internacional del Acceso Universal a la Información” o, como se le conoce más comúnmente, Día del Acceso a la Información. La fecha había sido celebrada previamente como “Día del Derecho a Saber” desde 2002. La resolución de la UNESCO recomienda la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Panorama general

Libertad de información

  • El derecho de acceso a la información se basa en el principio de que el público tiene derecho a saber cómo se ejerce el poder y cómo se gasta el dinero público, dado que las entidades públicas son elegidas por el pueblo y sostenidas por los contribuyentes.
  • Es una condición previa para la rendición de cuentas de los gobiernos y los funcionarios públicos y permite la adopción de decisiones informadas por parte de los ciudadanos, lo que constituye un elemento fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas democráticos.
  • Las normas internacionales y la evolución de la jurisprudencia han confirmado que la información en manos de las entidades públicas pertenece al público.
  • El Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales (2009) establece que “todos los documentos oficiales son en principio públicos y pueden ser retenidos sujetos únicamente a la protección de otros derechos e intereses legítimos”.
  • Más de 100 países de todo el mundo han adoptado leyes nacionales de acceso a la información para hacer efectivo el derecho a saber.
  • La primera ley sobre el acceso a la información pública fue adoptada en Suecia en 1766, pero después de eso hay que esperar casi un siglo para que se apruebe la segunda ley en Finlandia en 1951 y en los Estados Unidos en 1966.
  • Durante las décadas de 1970 y 1980 ha habido un crecimiento pequeño pero constante en las leyes de la FOI, con una expansión real después de 1989 debido al activismo de grupos de la sociedad civil en Europa Central y Oriental durante las transiciones poscomunistas a la democracia.
  • De hecho, el gran impulso dado en el campo del acceso a la información, que condujo a la ampliación de la definición y del alcance del derecho de acceso a la información, vino acompañado de una reacción coordinada de la sociedad civil para contrastar el control sobre la información ejercido por los regímenes comunistas en el bloque soviético.
  • Fue este movimiento el que dio una sólida contribución al desarrollo del acceso a la información como un derecho en el sentido de un derecho humano. Una decisión de 1992 del Tribunal Constitucional de Hungría estableció que el acceso a la información es un “derecho fundamental” esencial para la supervisión ciudadana de la legalidad y eficiencia del gobierno.
  • Además, los grupos ambientalistas y las asociaciones de consumidores también contribuyeron a la afirmación del derecho a saber.

El acceso a la información como derecho humano

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  • Un gran avance en el avance del derecho de acceso a la información como derecho fundamental se debió al activismo de los movimientos de la sociedad civil que contrastaban el control del régimen sobre la información en los países comunistas del bloque soviético. Un documento fundamental en este sentido es una decisión de 1992 del Tribunal Constitucional húngaro que estableció que el acceso a la información es un “derecho fundamental” esencial para el control ciudadano de la legalidad y eficiencia del gobierno.
  • Progresivamente, varias decisiones de tribunales nacionales e internacionales han tratado el acceso a la información como un derecho humano básico, proporcionando así un sólido argumento legal para que los ciudadanos recurran a los tribunales para defender cualquier negativa de las autoridades a proporcionar acceso.
  • Específicamente, la Corte estableció que el derecho a la información está protegido en particular en el caso del “monopolio de la información”, es decir, cuando las entidades públicas son las únicas propietarias de la información solicitada, y cuando la información es requerida por los medios de comunicación u organizaciones de la sociedad civil para propósitos de responsabilidad pública.
  • La decisión de la Corte Europea se adhirió a una decisión de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hizo suyo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se establece que las personas tienen derecho a solicitar información a las autoridades públicas y que éstas tienen la obligación positiva de proporcionar dicha información.
  • Por último, muchos países de todo el mundo reconocen el derecho a la información o al acceso a los documentos en sus Constituciones, ya sea dentro del marco del derecho a la libertad de expresión o por separado y específicamente como el derecho de acceso a la información o a los documentos.
  • Por lo menos 50 países de todo el mundo, incluidos 29 países de la OSCE, tienen constituciones que incluyen tales disposiciones.

Beneficios sociales

Entre los beneficios podemos nombrar: rendición de cuentas, participación, eficiencia

  • El aumento de la transparencia mediante el derecho a la información pública entraña una serie de beneficios fundamentales para las sociedades democráticas, en particular la rendición de cuentas, la participación y la eficiencia.
  • En primer lugar, mejora la rendición de cuentas pública, ya que contribuye a que los gobiernos y los funcionarios públicos sean más responsables de sus acciones y decisiones.
  • En segundo lugar, el derecho a saber impulsa la participación de las personas, ya que pone a su disposición información que puede ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones más eficaces sobre asuntos que afectan directamente a sus vidas y a participar con opiniones informadas en los debates públicos y en el proceso de toma de decisiones.
  • Tercero, contribuye a la eficiencia de la toma de decisiones, ya que la divulgación alienta a las instituciones públicas a manejar y organizar mejor la información y puede ayudar a mejorar la comunicación entre entidades públicas.
  • Además, sirve para otros objetivos sociales.
  • Por ejemplo, el acceso a los registros médicos puede ayudar a las personas a mejorar la toma de decisiones personales y a tomar mejores decisiones sobre el tratamiento médico, la planificación financiera, etc.
  • Por último, el acceso a la información puede facilitar prácticas comerciales eficaces, ya que parte de la información que poseen los organismos públicos en relación con cuestiones económicas puede ser muy útil para las empresas y, por lo tanto, puede contribuir a aumentar la eficacia del sector empresarial.

Máxima divulgación

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  • El principio de la máxima divulgación establece la presunción de que toda la información en manos de las entidades públicas debe estar cubierta por el alcance de las leyes de acceso a la información.
  • Esta presunción sólo acepta circunstancias limitadas para las excepciones.
  • Este principio incorpora la razón fundamental que sustenta el concepto de libertad de información.
  • Implica que las autoridades públicas que pretendan denegar el acceso a la información tienen la obligación de justificar su denegación.
  • El principio de máxima divulgación establece una definición amplia de “entidades públicas” que están sujetas al deber de divulgar información.
  • Una interpretación tan amplia incluye todos los poderes del Estado, por ejemplo, los gobiernos locales, los organismos electos, las industrias nacionalizadas y las empresas públicas, los organismos judiciales y también los organismos privados que desempeñan funciones públicas.

Obligación de publicar

Este principio implica la obligación de las entidades públicas de responder a las solicitudes  a la información y de publicar y difundir documentos de interés público. Pueden aceptarse pocos límites razonables basados, por ejemplo, en los recursos y la capacidad. Como mínimo, las autoridades públicas deberían hacer públicos los siguientes tipos de información:

  • Información operativa sobre el funcionamiento de los organismos públicos, incluidos objetivos, resultados y costes;
  • Información sobre cualquier solicitud o queja que la gente pueda tomar en relación con una entidad pública determinada;
  • Información sobre la forma en que los ciudadanos pueden aportar su contribución al proceso de elaboración de políticas;
  • Los tipos y formatos de información en poder de las entidades públicas;
  • Información sobre las decisiones y políticas que afectan al público, junto con información de antecedentes sobre esas decisiones y las pruebas que condujeron a su formulación.

La divulgación tiene prioridad

  • Otras leyes que tratan de la información de dominio público deben ser coherentes con el principio de máxima divulgación y con los demás principios que sustentan la libertad de información.
  • En particular, el régimen de excepciones debe estar claramente definido en la legislación sobre libertad de información; las extensiones del régimen de excepciones no deben ser permitidas por otras leyes.

Protección de los denunciantes de irregularidades

  • Denunciantes, es decir, personas que ponen a disposición del público información sobre las irregularidades del gobierno, incluyendo, por ejemplo, la corrupción, la deshonestidad, la mala administración, las amenazas graves a la salud, la seguridad o el medio ambiente, etc. deben estar protegidos contra cualquier sanción legal, administrativa o de otro tipo.
  • En este contexto, el interés público se refiere a situaciones en las que el beneficio de la divulgación prevalece sobre el daño, independientemente de cómo se haya realizado la divulgación.
  • Esto se aplica en particular cuando existen razones excepcionalmente graves para divulgar una determinada información, como una amenaza grave para la salud o la seguridad públicas, o cuando existen pruebas sólidas de que se ocultarán o destruirán las infracciones.

Características principales

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Acceso universal

  • Siendo un derecho fundamental y universal, en principio el acceso a la información es un derecho de todos: casi todas las leyes nacionales de libertad de información reconocen esto al establecer que “cualquier persona” puede solicitar  la información pública.
  • Una excepción digna de mención entre las democracias del mundo es Canadá, donde sólo los ciudadanos y residentes tienen derecho a presentar solicitudes de acceso a la información.
  • A pesar de ello, un obstáculo práctico importante para el ejercicio universal del derecho de acceso a la información se debe a la obligación de presentar las solicitudes en el idioma oficial del país, lo que puede obstaculizar el ejercicio del derecho a saber para las personas que no dominan el idioma oficial de un país.
  • En la UE, según los tratados, el derecho de acceso a los documentos y el derecho de recurso ante el Defensor del Pueblo Europeo sólo se aplica a los ciudadanos, residentes y empresas de la UE registrados en la UE.
  • Mientras que, en general, cualquier persona cuyo derecho haya sido violado puede recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso del derecho de acceso a la información el Tribunal está obligado a aceptar los casos presentados por ciudadanos, residentes y empresas de la UE.

Tipo de información

  • En principio, se puede acceder a toda la información en poder de las entidades públicas a solicitud de la FOI, a menos que se puedan aplicar algunas excepciones (por ejemplo, sobre la base de la protección de los intereses del Estado; intereses privados o derechos humanos, o para asegurar gobiernos eficaces).
  • Algunas leyes nacionales se refieren al “acceso a la información”, mientras que otras se refieren al “acceso a los documentos”: incluso si estas definiciones se solapan, puede ser útil que el solicitante conozca la redacción exacta utilizada por la ley para formular correctamente la solicitud de acceso a la información y, por lo tanto, tener más posibilidades de éxito.
  • Por lo general, los “documentos” y la “información” deben estar disponibles cualquiera que sea su soporte, por ejemplo, escritos en papel o en formato electrónico, o en forma sonora, visual o audiovisual.

Derecho a la información

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Aunque en principio el derecho de acceso a la información se aplica a toda la información en manos de las entidades públicas, no es un derecho absoluto, ya que puede haber algunas excepciones que no permiten la divulgación de cierto tipo de información. Si se divulga esta información puede violar algunos “intereses legítimos”, perturbar la vida pública o socavar otros valores sociales. Para justificar la retención de información pública, las autoridades tienen la carga de la prueba, por lo que tienen que demostrar que la divulgación causaría daño a un interés legítimo según lo especificado por la ley. Las leyes y normas internacionales en materia de acceso a la información pública prevén tres categorías de excepciones estándar.

Referencias

 Libertad de Información, UNESCO. Recuperado el 2016-10-16.

 ARTÍCULO 19.- El Derecho del Público a Saber. Principles on Freedom of Information Legislation, 05 April 2012. Recuperado el 2016-10-19.

 Access-Info y n-ost (editado por), LegalLeaks – Toolkit. A guide for journalists on how to access governmental information, June 2014.

 UNESCO, recuperado en 2016-10-16.

 Access-Info Europa, Declaración de la Comunidad Europea de la DAI sobre el Primer Día Oficial de Acceso a la Información, 28 de septiembre de 2016. Recuperado el 2016-10-18.

 “UNESCO Nombra el 28 de septiembre Día del Acceso a la Información”. freedominfo.org. 17 de noviembre de 2015. Recuperado el 11 de noviembre de 2016.

United Nations and Freedom of Expression and Information. Critical perspectives, junio de 2015, ISBN 9781107083868 Retrieved 2016-10-20.

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Licda. En Comunicación Social, mención Comunicación y Desarrollo con 16 años en el ejercicio del periodismo, ahora Redactora Web Maracay- Venezuela

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